La combinación de una moneda en caída libre, inflación persistente y tensiones políticas internas y externas ha reactivado el descontento social en Irán, dando lugar a las protestas más amplias registradas en el país en los últimos tres años.
El inicio de la semana estuvo marcado por un nuevo estallido social en Irán, impulsado por el deterioro acelerado de la situación económica y la pérdida de confianza en las autoridades financieras. La fuerte depreciación del rial frente al dólar, que alcanzó niveles nunca antes vistos, y la renuncia del presidente del Banco Central actuaron como detonantes de movilizaciones que rápidamente se extendieron más allá de Teherán. Comerciantes, pequeños empresarios y ciudadanos comunes salieron a las calles para expresar su frustración ante un escenario que muchos perciben como insostenible.
El desplome del rial como símbolo del malestar económico
La moneda iraní ha funcionado durante años como un indicador del pulso económico del país, pero en los meses recientes su evolución ha despertado una preocupación extendida. El rial se hundió hasta un nivel nunca visto al rebasar los 1,4 millones por dólar en el mercado informal, una cifra que refleja con claridad la gravedad de la situación. Aunque después mostró una ligera mejora, el efecto psicológico y financiero de semejante desplome se sintió de inmediato.
Para amplios sectores de la población, la depreciación del rial no es solo una cifra abstracta, sino una realidad que se traduce en precios más altos, salarios que pierden valor y una creciente dificultad para cubrir necesidades básicas. Los comerciantes, especialmente aquellos que dependen de productos importados o insumos dolarizados, se encuentran entre los más afectados. La inestabilidad cambiaria ha erosionado la planificación económica cotidiana y ha alimentado la percepción de que las autoridades han perdido el control de la situación.
La dimisión del entonces presidente del Banco Central, Mohammad Reza Farzin, anunciada por medios estatales, fue vista como un indicio de una profunda crisis institucional. Desde que asumió el cargo en 2022, el rial ya venía depreciándose, aunque el desplome acelerado de las últimas semanas incrementó las críticas sobre la conducción económica y la efectividad de las medidas monetarias implementadas.
Manifestaciones en la ciudad y la influencia tradicional de los comerciantes
Las manifestaciones comenzaron en zonas estratégicas de Teherán, como la calle Saadi y el área de Shush, próxima al Gran Bazar, uno de los centros comerciales más emblemáticos del país. La elección de estos lugares no fue casual. Históricamente, los comerciantes y tenderos han desempeñado un rol clave en los movimientos sociales iraníes, incluido el proceso que desembocó en la Revolución Islámica de 1979.
El cierre coordinado de tiendas y la convocatoria a otros negocios para sumarse a la protesta evocaron episodios pasados en los que el sector comercial utilizó su peso económico como forma de presión política. En esta ocasión, la protesta no se limitó a consignas económicas, sino que también incluyó críticas al manejo gubernamental y a la falta de perspectivas de mejora.
Con el paso de las horas, las movilizaciones se replicaron en otras ciudades importantes como Isfahán, Shiraz y Mashhad, lo que evidenció que el malestar no era un fenómeno aislado de la capital. En algunos puntos, las fuerzas de seguridad recurrieron al uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, una respuesta que recordó a episodios de represión vistos en protestas anteriores.
Aunque el domingo anterior ya se habían observado concentraciones más reducidas en mercados ambulantes del centro de Teherán, el lunes se convirtió en un momento decisivo por la amplitud y la organización de las movilizaciones. Diversos observadores locales destacaron que, a diferencia de ocasiones previas, el desencadenante económico consiguió articular a múltiples sectores sociales, trascendiendo sus divergencias ideológicas.
Inflación persistente y presión sobre la vida cotidiana
Detrás de las protestas subyace un problema estructural que afecta a la economía iraní desde hace años: la inflación crónica. Según datos del centro estatal de estadísticas, la tasa interanual superó el 42 % en diciembre, con un incremento respecto al mes anterior. Sin embargo, muchos economistas y ciudadanos consideran que estas cifras oficiales no reflejan plenamente la realidad del mercado.
El encarecimiento de los alimentos, cuyo precio se elevó más de un 70 % en un año, junto con el incremento cercano al 50 % en productos sanitarios y médicos, ha impactado con particular intensidad a los hogares de ingresos medios y bajos, mientras que la situación empeora debido al alza en el costo de la gasolina, una decisión que, aunque pretende reducir la presión fiscal del Estado, termina generando un efecto dominó sobre el transporte y el valor final de numerosos bienes de consumo.
La combinación de inflación elevada y devaluación monetaria ha reducido de forma drástica el poder adquisitivo. Para muchas familias, el salario mensual apenas alcanza para cubrir gastos básicos, mientras que el ahorro se vuelve prácticamente imposible. Este contexto alimenta el temor a una espiral inflacionaria aún más severa, que algunos críticos ya describen como el preludio de una hiperinflación.
A esta incertidumbre se suma la preocupación por posibles aumentos de impuestos anunciados para el nuevo año iraní, que comienza el 21 de marzo. Los informes en medios oficiales sobre estas medidas han generado inquietud adicional, especialmente entre pequeños comerciantes y trabajadores independientes que ya se sienten asfixiados por la coyuntura económica.
El peso de las sanciones y el aislamiento internacional
La situación actual no puede entenderse sin considerar el impacto prolongado de las sanciones internacionales. El acuerdo nuclear firmado en 2015 había generado expectativas de recuperación económica, al permitir el levantamiento de restricciones a cambio de controles estrictos sobre el programa nuclear iraní. En ese momento, el rial se cotizaba a alrededor de 32.000 por dólar, una cifra que hoy parece lejana.
La salida unilateral de Estados Unidos del acuerdo en 2018 y el retorno de las sanciones constituyeron un punto de inflexión. Desde ese momento, la economía iraní ha tenido crecientes obstáculos para llegar a los mercados internacionales, captar inversión y mantener la estabilidad de su moneda. La decisión de Naciones Unidas de reactivar sanciones en septiembre mediante el llamado “restablecimiento automático” profundizó aún más este aislamiento.
Estas medidas incluyeron el congelamiento de activos iraníes en el extranjero, restricciones a las transacciones de armas y nuevas sanciones vinculadas al programa de misiles balísticos. El efecto acumulativo ha sido una mayor presión sobre las finanzas públicas y una reducción de la capacidad del Estado para amortiguar el impacto de la crisis sobre la población.
La percepción de que las sanciones son un factor determinante en el deterioro económico convive con críticas internas sobre la gestión gubernamental. Para muchos ciudadanos, la combinación de factores externos e internos ha creado un escenario en el que las soluciones parecen cada vez más lejanas.
Tensiones geopolíticas y creciente inquietud en los mercados
El contexto regional e internacional también influye en el clima de incertidumbre. La guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio dejó una huella profunda en la percepción de riesgo. Aunque el conflicto no escaló a una confrontación directa de mayor alcance, el temor a un enfrentamiento más amplio persiste, especialmente ante la posibilidad de una intervención estadounidense.
La ansiedad se manifiesta tanto en las dinámicas del mercado como en el comportamiento de los ciudadanos, quienes procuran resguardar su dinero en divisas u otros activos percibidos como más seguros, y esa creciente búsqueda de dólares intensifica la presión sobre el rial, generando un círculo vicioso complejo de detener.
En este contexto, las protestas recientes aparecen como una manifestación palpable de un descontento prolongado que trasciende un hecho aislado. La memoria colectiva aún evoca las movilizaciones de 2022, provocadas por la muerte de Mahsa Jina Amini bajo custodia policial, las cuales dejaron al descubierto profundas tensiones sociales y políticas. Aunque el motivo inmediato tiene raíces económicas, persiste un clima de desconfianza hacia las instituciones.
Un panorama aún en evolución y sin respuestas rápidas
Las movilizaciones de esta semana representan el mayor desafío social para las autoridades iraníes en los últimos tres años. Si bien no alcanzan, por ahora, la escala nacional de protestas pasadas, su carácter económico las hace especialmente sensibles. La participación de comerciantes y trabajadores del sector privado sugiere que el descontento ha penetrado en capas tradicionalmente pragmáticas, más enfocadas en la estabilidad que en la confrontación política.
La respuesta del gobierno, tanto en términos de seguridad como de política económica, será clave para determinar la evolución de la situación. Medidas de contención a corto plazo podrían aliviar tensiones inmediatas, pero difícilmente resolverán problemas estructurales como la inflación, la devaluación y el impacto de las sanciones.
Mientras tanto, la población atraviesa un presente cargado de incertidumbre y un porvenir difícil de anticipar. La mezcla de factores económicos, políticos y geopolíticos ha generado un escenario donde cualquier chispa puede reactivar el malestar social. Las manifestaciones recientes no solo evidencian una respuesta a la depreciación del rial o a una renuncia decisiva, sino que también expresan una exigencia más amplia de estabilidad y de condiciones de vida dignas en un contexto que se vuelve cada vez más complejo.
La información incluida en este artículo proviene de CNN en español.
